La portavoz municipal, Flora Bellón, ha explicado que el Gobierno municipal está estudiando y analizando la orden de bases para la nueva convocatoria de los planes de empleo del Gobierno regional, pero ha destacado como novedad la inclusión de la parte formativa; “nos parece importante que se esté poniendo el foco sobre la necesidad de formar a las personas que concurran, porque una mayoría no tiene capacitación profesional”. De este modo, la convocatoria persigue el objetivo de que los beneficiarios puedan tener un contrato de trabajo de seis meses, y así cotizar, sino que “además, adquieran una formación que, a la larga, les permita insertarse en el mercado laboral”, algo que ha dicho será importante a la hora de conformar los proyectos. En este sentido, ha señalado que los planes de empleo están articulados para colectivos como los parados de larga duración y que, por diferentes, razones tienen dificultades para acceder al mercado laboral. De hecho, ha recordado que se incluyen reservas para personas en riesgo de exclusión social o para mujeres víctimas de violencia de género. Para todos ellos, la orientación laboral y formación en el empleo es fundamental para que “en el futuro puedan encontrar un empleo”. No obstante, la portavoz se ha referido a la problemática en Talavera con anteriores convocatorias de planes de empleo, a diferencia de otros municipios de la provincia y la región; ya que existe una sentencia dictada en 2018 que condenó al Ayuntamiento a pagar alrededor de 4,5 millones de euros (según estimación provisional de los planes de 2016 y 2017), y a lo que hay que sumarle lo correspondiente a las reclamaciones del año 2018. El Juzgado de lo Social de Talavera condenó en este aspecto al Consistorio (con el anterior Gobierno) y fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Luego el Ayuntamiento interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que de no ser estimado obligará a abonar las cantidades de la totalidad de los planes. Pese a ello, la portavoz ha dicho que el Gobierno municipal es conocedor del problema que supone el desempleo en la ciudad y, por eso, se está analizando y gestionando la convocatoria con ipeta, con la parte social (sindicatos) y con la Junta de Comunidades, entendiendo que “es un plan social que se tiene que dirigir a personas en situación de exclusión social y parados de larga duración a los que hay que cubrir la situación de emergencia”.

A preguntas de los periodistas, ha asegurado que el número de personas que pueden contratarse viene determinado por la convocatoria en función de la tasa de paro de cada municipio, pero que se afrontará porque “conocemos la situación de paro de muchas personas y necesitan de unos planes que, aunque no son la solución definitiva, si es coyuntural para ellos”. Por ello, se están haciendo las gestiones para que “no vuelva a pasar lo mismo”, porque “se hicieron tal mal las cosas con el PP, sin negociar con la parte social”, que ahora puede tener consecuencias económicas y financieras negativas para el Ayuntamiento. Para el nuevo plan se están mirando también las fórmulas empleadas por otras ciudades y municipios que “no han sido demandados” por este tema.