El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la exalcaldesa Agustina García, a quienes acusa de haber promovido la implantación de plantas de biometano y de cambiar ahora de postura.

Gregorio ha asegurado que la Junta es la administración competente y la que ha dado el visto bueno a una de las plantas proyectadas entre Talavera y Cazalegas, pese a contar con un informe desfavorable del servicio municipal de Medio Ambiente. Según ha denunciado, el Ejecutivo regional dio mayor validez a las alegaciones presentadas por la empresa promotora.

"No voy a convertir Talavera ni la comarca en un vertedero, pero tampoco voy a asumir la culpa de decisiones que corresponden a otras administraciones", ha afirmado el alcalde, quien ha responsabilizado directamente a García-Page de la situación.

Además, ha anunciado que el Ayuntamiento ha solicitado nuevos informes a Sanidad, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Agencia del Agua para evaluar el proyecto. "En mi mano no va a quedar", ha señalado, insistiendo en que el Consistorio estudia todas las opciones jurídicas para impedir la instalación.

Gregorio también ha dirigido sus críticas a la exalcaldesa Agustina García, a la que acusa de haber "abierto las puertas" a este tipo de instalaciones mediante modificaciones urbanísticas y de defender públicamente el biometano durante su mandato. "Ahora parece que se rasga las vestiduras y adopta una postura contraria a la que mantenía cuando gobernaba", ha reprochado.

Cronología para respaldar sus acusaciones

Durante su comparecencia, el alcalde repasó una cronología de decisiones y declaraciones entre 2019 y 2026 con las que, a su juicio, queda acreditado el respaldo tanto del anterior Gobierno municipal como de la Junta al desarrollo del biometano. Entre ellas citó la modificación del Plan de Ordenación Municipal para facilitar proyectos de energías renovables, declaraciones de responsables socialistas defendiendo el biometano como una energía de futuro y la aprobación del Plan Regional de Biometanización.

Asimismo, recordó que el proyecto comenzó a tramitarse en abril de 2023, durante el anterior mandato municipal, y cuestionó que entonces no se presentaran alegaciones cuando la planta estaba prevista en Montearagón.

Gregorio insistió en que la autorización de estas instalaciones corresponde al Gobierno regional y concluyó que "tanto la Junta como el anterior Gobierno municipal promovieron este tipo de proyectos", por lo que les pidió que "asuman su responsabilidad y dejen de intentar engañar a los ciudadanos".